Santa Maria de los Reales Alcazares, en 1997

Aspecto de las Fachadas grecorromanas del exterior, antes de 1997;

QUEREMOS VER YA LAS PUERTAS DE NUESTRA SANTA MARÍA ABIERTAS PARA TODOS, ¿TANTO CUESTA PONER CUATRO DÍAS DE ENTRADA LIBRE?

¡La legalidad nos obliga a todos!

El pasado 25 de octubre los obispos de las 10 diócesis de Andalucía reclamaban la convocatoria de la comisión mixta del patrimonio (Iglesia Católica-Junta de Andalucía) para analizar la propuesta de la Consejería de Cultura sobre gratuidad, calendario y horario de visitas de los bienes culturales de la Iglesia. ¡Ya era hora!

Como ya va siendo hora que la legislación sobre patrimonio histórico-artístico sea cumplida por todos. Y cuando digo todos me refiero a particulares e instituciones, entre las que se encuentra la Iglesia, titular del 80% de los bienes de interés cultural de Andalucía.

Las administraciones tienen la obligación de velar por este patrimonio, como también la tienen de colaborar económicamente para su restauración y puesta en valor. Eso nadie creo que lo discuta. Hablamos de un bien colectivo.

Lo que no es de recibo es que, en muchos casos, se inviertan fondos públicos en estas restauraciones y se privaticen, acto seguido, los beneficios económicos que generan.

Hay que recordar que la Junta de Andalucía lleva invertidos más de 48 millones de euros desde el año 1999 en la conservación del patrimonio eclesiástico, sin grandes contrapartidas en la mayoría de los casos. Ni tan siquiera la del cumplimiento puntual de la legislación que a todos nos obliga. Es cierto que una de las principales finalidades de los templos ha sido y es el culto y que por éstos son abiertos al público. Ese ha sido su origen y principal razón de ser, aunque no la única. Más no es extraño encontrar en nuestras iglesias algún cartel que indica que está prohibida la visita turística durante la celebración de la santa misa, que apenas se extiende unos minutos con el horario de su apertura. ¿Pero qué sucede cuando éstos llevan cerrados 79 años como es el caso de la iglesia de San Lorenzo de Úbeda?

En esta misma ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, La Consejería de Cultura invirtió más de 1.400.000 euros en la muy dilatada rehabilitación de la antigua colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, sin convenio, ni ninguna otra colaboración o aportación económica por parte del Obispado de Jaén. Como tampoco de ninguna otra administración. Pues bien, al cabo de un año de su inauguración, esta misma institución ha puesto en manos de una empresa privada la “explotación” turística del templo. Es decir, ha privatizado su entrada.

Hoy existe un fuerte movimiento vecinal para salvar la antigua parroquia de San Lorenzo en esta misma ciudad. Este inmueble permanece en el más absoluto estado de abandono y postración desde hace décadas, por lo que ha sido incluido en la Lista roja del Patrimonio. A la Iglesia corresponde, como titular, su conservación. Pero no lo hace. Como tampoco accede a que la propiedad del mismo pase a manos del Ayuntamiento que sí se encargaría de rehabilitar su fábrica para fines vecinales y culturales. Hace dos años el anterior equipo de gobierno ofrecía la permuta de unos terrenos, valorados en 600.000 euros, por el arruinado inmueble para así poder intervenir en el mismo. Al obispado le pareció poca la valoración y el acuerdo nunca se llegó a subscribir. Y sigue, hasta la fecha, sin invertir un solo euro en su restauración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el venerable inmueble sea una pura ruina?

Esta situación, como otras, es intolerable en una sociedad de derecho. Pero siempre queda el diálogo y la comisión mixta del Patrimonio puede y debe ser un lugar de encuentro apropiado para poner remedio razonable a situaciones como la que acabo de referir y otras muchas. De ello solo saldría beneficiado nuestro patrimonio histórico-artístico y el conjunto de la sociedad andaluza que es su legítima heredera.

No sería justo reconocer que, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha sabido salvaguardar su inmenso patrimonio para legarlo a las actuales generaciones. Como tampoco sería justo dejar de reconocer que este mantenimiento precisa de recursos económicos foráneos. Todo es compatible si se hace de un modo sensato y generoso. Todo es negociable, menos el cumplimiento de la ley.

Arsenio Moreno Mendoza.