La Junta se planta ante la Iglesia
Cultura recuerda a los azorbispos de Sevilla y Granada que el patrimonio restaurado con dinero público debe abrirse al disfrute de los ciudadanos
La Junta andaluza ha gastado en los últimos diez años 48 millones de euros en conservar y restaurar el patrimonio de la Iglesia católica. Sin embargo, arrecian las quejas de ciudadanos que se acercan a conocer obras de arte y monumentos y se encuentran con que no pueden acceder o les cobran por la visita. El consejero de Cultura, Luciano Alonso, se ha plantado ante la sucesión de casos que surgen por todos los rincones de la comunidad y ha enviado sendas cartas a los arzobispos de Sevilla y Granada, Juan José Asenjo y Francisco Javier Martínez, para recordarles que los bienes culturales costeados con dinero público son de todos los andaluces y que, por tanto, tienen derecho a su disfrute.
En las misivas, remitidas el miércoles, Alonso pide una reunión a los responsables eclesiásticos para revisar los convenios y delimitar el uso de los inmuebles y obras propiedad de la Iglesia. Su intención es “abrir un espacio de diálogo” con todas las Archidiócesis “para establecer prioridades de futuro” y restablecer el equilibrio y “proporción entre la investigación, protección y divulgación [a cargo de la Administración] y el posterior disfrute de los ciudadanos”.
El consejero dio a conocer estas cartas tras su comparecencia este miércoles en la comisión parlamentaria de Cultura y Deporte, donde el diputado de IU José Serrano había preguntado por la polémica surgida en torno a la iglesia Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, restaurada al 100% por la Junta (con una inversión superior a los seis millones de euros), por cuya contemplación hay que pagar cuatro euros. Los responsables del templo han concertado su explotación turística con una empresa privada que gestiona otros centros, como los monasterios de El Escorial y el Valle de los Caídos, el Palacio Real de Madrid o las catedrales de Córdoba, Cuenca, Granada, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla y Toledo.
Alerta en Santa Catalina
La iglesia de Santa Catalina de Sevilla, un monumento gótico-mudéjar, está ahora en el ojo del huracán de la polémica de las restauraciones. El Arzobispado es el titular del templo —y como tal, según la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, tiene la obligación de conservarlo—, pero sostiene que no dispone de recursos, aunque, según dijo el obispo, Juan José Asenjo, está dispuesto a aportar un millón de euros. Asenjo ha pedido a la Administración que ponga el dinero necesario. La Junta señala que, según sus informes, el edificio no está en la situación límite que denuncia una plataforma ciudadana, y que, en cualquier caso, quiere conocer de antemano las condiciones del posible convenio, en el que participará también el Ayuntamiento con otro millón de euros, según ha anunciado el alcalde, Juan Ignacio Zoido. Fuentes de la Consejería de Cultura subrayaron que es preciso garantizar su disfrute público posterior, después de que los rectores de la iglesia del Salvador, restaurada con dinero público, hayan anunciado que se propone concertar con una empresa privada la explotación turística del templo. De momento, han dicho que cobrarán 12 euros por visitar la cripta.
Según informó en mayo pasado el arcipreste de Úbeda, Juan Ignacio Damas, el reparto del importe de las entradas se hace al 50% entre la iglesia y la empresa. La Junta no recibe nada, pese a su cuantiosa aportación. El diputado izquierdista destacó el malestar que ha ocasionado entre los ubetenses que, después de que la iglesia permaneciera cerrada 28 años por su estado de ruina y abandono, el acceso sea ahora restringido, con horarios muy limitados para el culto, mientras los gestores del templo hacen negocio.
En la comisión parlamentaria, Alonso dijo que su departamento tiene el convencimiento de que el patrimonio histórico de Andalucía debe conservarse y expresó la “voluntad y firme compromiso” de la Administración autonómica con este fin, ya que “forma parte de nuestra historia y será el legado de nuestros hijos”. Si bien, añadió: “Este Gobierno ha ayudado a mantenerlos [los monumentos], pero señorías, después de conservarlos hay que permitir a la ciudadanía que lo conozca y disfrute y darle facilidades para ello, porque si no es así, el apoyo público pierde, desde luego, todo sentido”. El titular de Cultura fue más allá y —tras aseverar que “sencillamente se ha quebrado el equilibrio”— deslizó que en el caso de que la Iglesia se resista a cambiar de actitud, la Junta reconsiderará en adelante sus inversiones: “Si no se pueden visitar y conocer muchos de estos bienes, necesariamente tenemos que replantear previamente las condiciones antes de la restauración de este patrimonio”.
En la carta a los arzobispos de Sevilla y Granada, Luciano Alonso usa un tono más suave y propone actualizar la comisión mixta y cambiar “antiguos convenios”, al tiempo que ruega una respuesta positiva a su solicitud de negociar la “instauración de líneas de trabajo conjuntas”.
Según datos de la consejería, desde 1993, la Junta ha restaurado 250 bienes artísticos de la Iglesia, con una inversión de 48 millones de euros. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha intervenido en 73 bienes de hermandades y cofradías; 162 bienes diocesanos, entre los que destacan el programa de Velázquez y Sevilla, el arreglo de la iglesia de El Salvador de Sevilla, o El Giraldillo; ha establecido convenios especiales para el retablo de la Capilla Real de Granada, Santa María de las Cuevas de Cádiz y el Santo Cristo de Málaga, así como numerosos estudios y diagnósticos.
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