Aspecto del interior de Santa Maria; Antes de 1983

domingo, 9 de septiembre de 2012

Santa María de Úbeda prende la mecha


“Mis antepasados pagaron Santa María. Mis impuestos han pagado Santa María. ¿Por qué tengo que volver a pagar? Lo siento, pero yo no pago”. Con esta declaración de intenciones se abre la página de Facebook que ya cuenta con más de 2.100 seguidores en contra del cobro de la entrada en el templo de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Jaén), el caso más significativo que ha servido a laJunta de Andalucía esta semana para plantarse ante la Iglesia y defender que el patrimonio restaurado con dinero público debe abrirse al disfrute de los ciudadanos.
Y no les falta razón a los promotores de la movilización ciudadana en las redes sociales. El templo, una de las principales señas del Renacimiento andaluz, se había convertido en la joya más oculta para toda una generación de ubetenses puesto que abrió sus puertas en abril del pasado año después de 28 años cerrado por su estado de ruina y abandono. Durante este tiempo, la Junta invirtió casi siete millones de euros en los trabajos de restauración, que costeó al 100%.
Desde el pasado mes de mayo, el templo de Santa María, Monumento Nacional desde 1926 y que comparte protagonismo con la iglesia del Salvador en la majestuosa plaza Vázquez de Molina, cobra cuatro euros por entrada. A pesar de que se reciben unos 2.000 visitantes mensuales, el arcipreste del templo, Juan Ignacio Damas, considera deficitario su mantenimiento, que cifra en unos 3.000 euros mensuales entre los gastos de electricidad, limpieza y personal. “No pueden ahogarnos, si no podemos cobrar, ¿cómo se paga el mantenimiento?”, se pregunta en voz alta.
La Administración andaluza costeó al 100% el arreglo del monumento
Damas defiende que permite el acceso gratuito a la capilla de la Virgen de Guadalupe y a todos los que esgrimen que van a realizar sus cultos. Por tanto, tilda como una “polémica artificial” el plante de la Junta. “Muchos otros edificios civiles también se arreglan con dinero público y nadie discute pagar su entrada”, argumenta Damas,respaldado por las autoridades eclesiásticas como es el caso del Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, uno de los destinatarios de la carta remitida por el consejero de Cultura, Luciano Alonso, instándole a revisar el convenio entre la Iglesia y la Junta para la gestión de monumentos. El argumento de Alonso es que si las restauraciones se pagan con el dinero de todos los andaluces, estos tienen derecho a su disfrute, y que en el caso de que el uso sea solo privado (y además, explotado comercialmente), la inversión pública pierde su sentido.
En Úbeda tampoco gustó que la gestión de las entradas de Santa María se encomendara a una empresa foránea, Palacio de Museo, la misma que cobra las entradas en las catedrales de Jaén, Baeza o Granada. La empresa recibe un fijo por cada entrada que, según el arcipreste, no llega al 50% del precio. Pero lo que es una evidencia es que la Junta no recibe dinero alguno, pese a que fue la que puso todo el dinero. Con todo, en Úbeda existe una clara división ciudadana. La Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios (Alciser) defiende el cobro de la entrada “mientras no existan otras alternativas”. Los comerciantes sí que lamentaron, no obstante, la precipitación con la que se acordó cobrar a los visitantes y el perjuicio que eso supuso a las empresas turísticas del municipio.
La división también es patente en el plano político. El equipo de gobierno, del PP, defiende el pago de la entrada porque, a juicio de la concejala de Cultura, Josefa Olmedilla, es una medida que va a afectar a los turistas pero no a los ubetenses. En cambio, PSOE, IU y PA se oponen con rotundidad. “El Obispado no reconoce que entregó a la Junta de Andalucía un inmueble en ruinas y 28 años más tarde volvió a recuperarlo totalmente rehabilitado gracias a los impuestos de los andaluces”, dijo el edil andalucista Francisco Mendieta.
El PSOE federal respalda plenamente a la Junta. El secretario federal de Política Municipal, Gaspar Zarrías, señaló que es “razonable” que no se cobre a los ciudadanos en templos restaurados con dinero público.


Mezquita: 8 euros de día, 18 de noche

MANUEL J. ALBERT, CÓRDOBA
Durante los últimos años, el dinero público ha servido para restaurar la Mezquita de Córdoba y ampliar su oferta turística. Por un lado, se destinaron más de 3,5 millones de euros para recuperar el crucero cristiano, incrustado en el corazón del antiguo templo musulmán y catedral de Córdoba desde 1236.
Por otro lado, 1,2 millones de euros aproximadamente fueron destinados a la organización de las visitas nocturnas al principal monumento de la ciudad. La actuación, bautizada como El alma de Córdoba, fue ejecutada por la empresa General de Producciones y Diseño. Del presupuesto total, 669.240 euros fueron sufragados por el Plan de Excelencia Turística y el resto, es decir, 530.759 euros, por el Consorcio de Turismo de Córdoba.
Tras años de polémica entre la Iglesia y el Ayuntamiento sobre las características y requisitos que debía tener el producto turístico, se llegó a un resultado que contentaba plenamente a los religiosos. Así, en el recorrido, que incluye la proyección de un vídeo y la utilización de una audioguía, prevalece lo evangélico y catequista sobre lo histórico y artístico. Y todo ello al precio de 18 euros la entrada, de la que buena parte va a las arcas religiosas.
Entrar a la Mezquita cuesta ocho euros para todo aquel que no resida en Córdoba. Aunque el visitante no lo sepa, en realidad está dando un donativo a la Iglesia, no es una entrada en sí, por lo que no se pagan impuestos. A primera hora, se puede visitar coincidiendo con el culto. Pero en ese momento están prohibidas las guías organizadas. Además, el Cabildo restringe con celo el sistema de visitas organizadas, dando prioridad a los guías locales autorizados por la Iglesia. Se garantiza así que a los turistas se les inculque el sentido católico que la Iglesia quiere dar al recorrido por este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Santa María de Úbeda; La Junta se planta ante la Iglesia.


La Junta se planta ante la Iglesia

Cultura recuerda a los azorbispos de Sevilla y Granada que el patrimonio restaurado con dinero público debe abrirse al disfrute de los ciudadanos



La Junta andaluza ha gastado en los últimos diez años 48 millones de euros en conservar y restaurar el patrimonio de la Iglesia católica. Sin embargo, arrecian las quejas de ciudadanos que se acercan a conocer obras de arte y monumentos y se encuentran con que no pueden acceder o les cobran por la visita. El consejero de Cultura, Luciano Alonso, se ha plantado ante la sucesión de casos que surgen por todos los rincones de la comunidad y ha enviado sendas cartas a los arzobispos de Sevilla y Granada, Juan José Asenjo y Francisco Javier Martínez, para recordarles que los bienes culturales costeados con dinero público son de todos los andaluces y que, por tanto, tienen derecho a su disfrute.
En las misivas, remitidas el miércoles, Alonso pide una reunión a los responsables eclesiásticos para revisar los convenios y delimitar el uso de los inmuebles y obras propiedad de la Iglesia. Su intención es “abrir un espacio de diálogo” con todas las Archidiócesis “para establecer prioridades de futuro” y restablecer el equilibrio y “proporción entre la investigación, protección y divulgación [a cargo de la Administración] y el posterior disfrute de los ciudadanos”.
Alonso pide por carta una reunión para renegociar el uso de los bienes
El consejero dio a conocer estas cartas tras su comparecencia este miércoles en la comisión parlamentaria de Cultura y Deporte, donde el diputado de IU José Serrano había preguntado por la polémica surgida en torno a la iglesia Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, restaurada al 100% por la Junta (con una inversión superior a los seis millones de euros), por cuya contemplación hay que pagar cuatro euros. Los responsables del templo han concertado su explotación turística con una empresa privada que gestiona otros centros, como los monasterios de El Escorial y el Valle de los Caídos, el Palacio Real de Madrid o las catedrales de Córdoba, Cuenca, Granada, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla y Toledo.

Alerta en Santa Catalina

La iglesia de Santa Catalina de Sevilla, un monumento gótico-mudéjar, está ahora en el ojo del huracán de la polémica de las restauraciones. El Arzobispado es el titular del templo —y como tal, según la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, tiene la obligación de conservarlo—, pero sostiene que no dispone de recursos, aunque, según dijo el obispo, Juan José Asenjo, está dispuesto a aportar un millón de euros. Asenjo ha pedido a la Administración que ponga el dinero necesario. La Junta señala que, según sus informes, el edificio no está en la situación límite que denuncia una plataforma ciudadana, y que, en cualquier caso, quiere conocer de antemano las condiciones del posible convenio, en el que participará también el Ayuntamiento con otro millón de euros, según ha anunciado el alcalde, Juan Ignacio Zoido. Fuentes de la Consejería de Cultura subrayaron que es preciso garantizar su disfrute público posterior, después de que los rectores de la iglesia del Salvador, restaurada con dinero público, hayan anunciado que se propone concertar con una empresa privada la explotación turística del templo. De momento, han dicho que cobrarán 12 euros por visitar la cripta.
Según informó en mayo pasado el arcipreste de Úbeda, Juan Ignacio Damas, el reparto del importe de las entradas se hace al 50% entre la iglesia y la empresa. La Junta no recibe nada, pese a su cuantiosa aportación. El diputado izquierdista destacó el malestar que ha ocasionado entre los ubetenses que, después de que la iglesia permaneciera cerrada 28 años por su estado de ruina y abandono, el acceso sea ahora restringido, con horarios muy limitados para el culto, mientras los gestores del templo hacen negocio.
En la comisión parlamentaria, Alonso dijo que su departamento tiene el convencimiento de que el patrimonio histórico de Andalucía debe conservarse y expresó la “voluntad y firme compromiso” de la Administración autonómica con este fin, ya que “forma parte de nuestra historia y será el legado de nuestros hijos”. Si bien, añadió: “Este Gobierno ha ayudado a mantenerlos [los monumentos], pero señorías, después de conservarlos hay que permitir a la ciudadanía que lo conozca y disfrute y darle facilidades para ello, porque si no es así, el apoyo público pierde, desde luego, todo sentido”. El titular de Cultura fue más allá y —tras aseverar que “sencillamente se ha quebrado el equilibrio”— deslizó que en el caso de que la Iglesia se resista a cambiar de actitud, la Junta reconsiderará en adelante sus inversiones: “Si no se pueden visitar y conocer muchos de estos bienes, necesariamente tenemos que replantear previamente las condiciones antes de la restauración de este patrimonio”.
En la carta a los arzobispos de Sevilla y Granada, Luciano Alonso usa un tono más suave y propone actualizar la comisión mixta y cambiar “antiguos convenios”, al tiempo que ruega una respuesta positiva a su solicitud de negociar la “instauración de líneas de trabajo conjuntas”.
Según datos de la consejería, desde 1993, la Junta ha restaurado 250 bienes artísticos de la Iglesia, con una inversión de 48 millones de euros. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha intervenido en 73 bienes de hermandades y cofradías; 162 bienes diocesanos, entre los que destacan el programa de Velázquez y Sevilla, el arreglo de la iglesia de El Salvador de Sevilla, o El Giraldillo; ha establecido convenios especiales para el retablo de la Capilla Real de Granada, Santa María de las Cuevas de Cádiz y el Santo Cristo de Málaga, así como numerosos estudios y diagnósticos.

El caso del cobro en Santa María sirve a la Junta para dar un toque de atención a la Iglesia


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Santa Maria entrada 50
Taquilla de acceso a Santa María. ROMÁN

El cobro de la entrada en la iglesia de Santa María de Úbeda, el malestar ciudadano y una pregunta formulada al respecto por IU en el Parlamento Andaluz han sido los detonantes: la Junta pide a la Iglesia que permita el disfrute de los bienes eclesiásticos restaurados con dinero público. Concretamente, el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado que propondrá la creación de «un espacio de diálogo» con cada una de las Archidiócesis de Andalucía para garantizar el disfrute por parte de los ciudadanos del patrimonio eclesiástico restaurado con inversión pública, en el que, solo en los últimos años, la Junta «lleva invertidos más de 48 millones de euros».
El consejero ha respondido así a una pregunta formulada en la comisión de Cultura por el diputado de IULV-CA, Juan Serrano, sobre el montante de los fondos que la Junta ha destinado a la recuperación de la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, con una inversión superior a los 6 millones de euros, y sobre las medidas que pondrá en marcha ante la polémica suscitada entre muchos vecinos de la localidad debido al cobro del acceso para visitar el templo.
Una taquilla desde el 1 de mayo
Tras cerca de 30 años de cierre por unas dilatadas y cuestionadas obras de rehabilitación, la emblemática iglesia de Santa María abrió sus puertas hace año y medio, aproximadamente, y desde el pasado 1 de mayo una empresa privada se encarga de su gestión y explotación turística, lo que conlleva el pago de una entrada por parte de los visitantes fuera de los horarios de culto. Esto hizo surgir un movimiento ciudadano que viene manifestándose en contra de la decisión tomada por el Obispado de Jaén y que ahora se felicita por este primer paso que ha dado la administración autonómica en defensa de algo que consideran justo y necesario.
«Hemos financiado el cien por cien de la restauración de la iglesia de Santa María de Úbeda, que ha supuesto una inversión superior a 6 millones de euros, y si a pesar de esto arrecian las quejas de vecinos porque no se puede visitar, necesariamente tenemos que replantear las condiciones ante la restauración de este patrimonio», ha manifestado el consejero, considerando que «se ha quebrado el equilibrio, y si se restaura el patrimonio eclesiástico con dinero público, las condiciones del conocimiento tienen que estar garantizadas».
Santa Maria visitas 39
Dos visitantes consultan los precios de entrada en Santa María. ROMÁN
Si no, replantear los acuerdos
Con ello ha dejado ver que si la Iglesia no reacciona ante lo planteado, habrá que reformular los acuerdos económicos referentes a la puesta en valor de los bienes patrimoniales que son de su titularidad.
El consejero ha afirmado que «es preciso restablecer un equilibrio entre la voluntad que tiene la comunidad autónoma de investigar, conservar, proteger y divulgar su rico patrimonio histórico, en este caso el eclesiástico, con el innegable derecho de los ciudadanos a poder disfrutarlo, sobre todo si se ha rehabilitado con dinero público».
En este sentido, Alonso ha planteado que «se restablezca el equilibrio para poder conciliar la voluntad y el firme compromiso para divulgar el patrimonio eclesiástico y el derecho de la ciudadanía a disfrutarlo». Así, «en nombre del pueblo andaluz y del Parlamento hay que proponer un espacio de diálogo con las Archidiócesis para establecer líneas de trabajo que permitan el disfrute por parte de los ciudadanos del patrimonio eclesiástico restaurado con inversión pública».
Petición por carta
Para establecer el espacio de diálogo con la Iglesia en Andalucía, el consejero de Cultura y Deporte se ha dirigido por carta a los titulares de las Archidiócesis de Sevilla y Granada, Juan José Asenjo Peregrina y Javier Martínez Fernández, respectivamente.
Alonso ha dicho, además, que «no cree que nadie ponga en duda» la apuesta decidida del gobierno andaluz «por conservar el inmenso y rico patrimonio histórico, y sobre todo el patrimonio eclesiástico». Y ello, ha añadido, «desde el firme convencimiento» de que el patrimonio histórico «hay que conservarlo porque nos pertenece a todos y es el legado que dejaremos a nuestros hijos». «Este gobierno ha ayudado a conservarlo, pero luego hay que permitir a la ciudadanía que lo disfrute y dar facilidades para ello», puesto que «si no es así, el apoyo público pierde el sentido», ya que siempre «debe primer el interés general sobre el particular, para el disfrute de todos y no solo de sus propietarios o de sus feligreses».
Por todo ello, según ha afirmado el consejero de Cultura y Deporte, «mantendremos el compromiso de seguir conservando el patrimonio, sin privar a la ciudadanía del derecho a conocerlo cuando se ha rehabilitado con fondos públicos».